LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ADMINISTRACIONES COMUNITARIAS

https://www.youtube.com/watch?v=HiyHmHZrG-k

Mar Alarcón Castellanos. Of counsel del departamento laboral en CECA MAGÁN Abogados. Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos. Directora General de Trabajo y Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (julio 2011 – octubre 2015).
Leopoldo Navarro Quílez. Director General de Relaciones Laborales y Economía Social. Comunidad Región Murcia.
Amalio Sánchez Grande. Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad Autónoma de Cantabria.

 

Leopoldo Navarro Quílez

Lo más importante, lo más destacable en positivo de la reforma de la ley (Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social), es que se incrementa la participación de las comunidades autónomas. Es un cambio sustantivo que haya un organismo que nos da más presencia a las comunidades autónomas, aunque es verdad que la Comunidad de Murcia tiene una ventaja, que también tienen Madrid y Cantabria, al ser las tres comunidades uniprovinciales. No sé en vuestro caso, en la Región de Murcia supone que prácticamente todas las actuaciones las hacemos en conjunto, vamos con la Inspección y hay una cercanía en el trabajo importante. Pero no es menos cierto, que esto supone un cambio fundamental de derecho, no sólo de hecho, las comunidades autónomas estamos presentes en la ordenación de la Inspección de Trabajo en nuestro territorio y eso siempre es bueno porque no todos los territorios son iguales, no toda la temática laboral es igual en todas las comunidades autónomas.

Estoy pensando, por ejemplo, en mi caso con el sector agrario, que es un sector con una vitalidad importante y unas características que ayer mismo hablábamos con la Inspección de los fijos, discontinuos, eventuales, el periodo de transición del régimen especial agrario… Todas esas cuestiones que dependen del territorio en el que estemos, se ven de una manera o de otra. Creo que ahora va ser más fácil. Quizá la única incógnita que se nos plantea, que planteaba la directora del Instituto de Seguridad y Salud de la Región de Murcia, que depende mi dirección general, es esa creación de la nueva escala de los subinspectores de seguridad y salud laboral. Si eso va a suponer que desaparezcan nuestros técnicos de prevención de seguridad y salud, entendemos que corremos el riesgo de que haya una descapitalización humana de gente que tenemos muy formada, que está muy preparada. Una de dos, va a haber una doble competencia, una autonómica y otra estatal, que suponga un cruce de competencias, o puede haber un trasvase de nuestros inspectores a esa nueva escala de subinspectores de seguridad y salud laboral. Es un asunto que tengo que confesar que cuando leí la ley, a mí, personalmente, se me había pasado casi desapercibido y, sin embargo, los técnicos del Instituto, que se la han estudiado en profundidad, me lo ha hecho notar: – Oye os habéis dado cuenta que nosotros estamos aquí, que es posible el trasvase de los inspectores cuando en los Institutos, supongo que en toda las comunidades autónomas habrá pasado igual, hemos hecho un esfuerzo por formarlos, especializarlos; los de seguridad que vienen de una rama, los de higiene que viene de otra, nuestros médicos, farmacéuticos, ingenieros…  Tenemos que ver cómo se desarrolla el reglamento, que efecto van a tener esos vasos comunicantes en relación con esta nueva escala. Esas incógnitas que se nos plantean, habrá que ponerlas encima de la mesa y ver cómo van a evolucionar.

Mar Alarcón Castellanos

Estoy en parte en sintonía con Leopoldo. Realmente, el juego normativo entre quien dicta las normas, quien las ejecuta, de quien dependen los órganos de control, de qué punto de vista: organizativo, funcional… La verdad es que nos hace avanzar, porque hay que imbricar todos los elementos para que al final el Estado de Derecho y el juego de las competencias normativas y ejecutivas sea lo más flexible y eficaz entre todas las administraciones que estamos involucradas. Por lo tanto, según ese punto de vista, sí creo que es un avance la nueva ley ordenadora. Y por lo que se refiere a las comunidades autónomas, ese avance se ha traducido en que nos han escuchado en nuestras propuestas. Pero también creo que las comunidades nunca vamos a estar plenamente satisfechos con el resultado, pero, personalmente, sí estoy satisfecha con el proceso de negociación que hemos tenido con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Es verdad que en esa nueva ley se configura la Inspección de Trabajo con una estructura central y una estructura periférica que es más acorde con la realidad que tenemos. La anterior ley ha cumplido su cometido, pero ya estaba desfasada. En esta estructura central, hay un Consejo Rector en el que participamos todas las comunidades autónomas y si tenemos una participación como hasta ahora, la colaboración entre nosotras mismas y la Administración del Estado va a dar nuevos y buenos frutos. Igualmente, el cambio del órgano de participación institucional del organismo de participación que había, al Consejo General Consultivo que se crea en esta ley, va ser un buen avance. La Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección, es verdad que funcionaba. Se convocaba todos los años, pero que haya una participación mayor mediante un Consejo General, que tiene este carácter consultivo, será bueno. En este Consejo General Consultivo, recuerdo que habrá cuatro representantes de la Administración del Estado, también cuatro de las comunidades autónomas, por supuesto, también de las organizaciones sindicales y empresariales. Estoy convencida que si entre todos ponemos nuestro granito de arena, sin duda intercambiaremos información, debatiremos, y será un órgano eficaz. Por tanto, hasta aquí la estructura es buena. En cuanto al ámbito de cooperación autonómica, decía al principio que siempre es difícil imbricar exactamente el juego de competencias. Al final, la Inspección de Trabajo depende de muchas administraciones. Es verdad, que orgánicamente dependen de la Administración estatal, pero funcionalmente de quien tenga la competencia en las materias transferidas, es este el caso de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a la prevención, trabajo y empleo. Resulta complicado. En este encaje de dependencia orgánica y funcional, se necesitaba poner un poco de orden desde el punto de vista formal. Ahora vamos a ver si desde el punto de vista material somos capaces, mediante las comisiones operativas autonómicas, de crearlo bien, organizarlo bien, darle sentido, y que haya un auténtico órgano de información de intercambio de opinión, de debate, de los cuales se pueda avanzar en las funciones que tiene que desempeñar un órgano tan necesario como Inspección de Trabajo en cada uno de nuestros territorios.

En lo único que tengo otra perspectiva distinta a la de Leopoldo es en el tema de los subinspectores laborales de la nueva escala de seguridad en el trabajo. Una de las cuestiones que había sido puesta en común y que ha necesitado de más debate y que, además, había posturas distintas entre las distintas comunidades autónomas era precisamente esta nueva escala, ya que tenemos que ordenar e implicar bien e intentar hacer una organización y gestión eficaz de todos los recursos personales que tenemos que son los más importantes al final en una materia como es la del control de las condiciones. Cada una de las personas que desarrollan su actividad en el ámbito de la seguridad y salud tiene un trabajo cuya finalidad es la misma, pero que materialmente es distinta. Los técnicos de los institutos regionales son técnicos profesionales que realizan una actividad de asesoramiento, formación e información fundamental y que forman parte de las políticas de los gobiernos de la comunidad autónoma en seguridad y salud. Si además, como pasa en Madrid, y seguramente en Murcia o en Cantabria, ya hay técnicos habilitados que ejecutan esas políticas públicas de asesoramiento, formación e información, investigación de accidentes, etc. Con la labor de control de las condiciones materiales que a su vez están muy coordinadas con los inspectores que realizan la actividad también en las comunidades autónomas en   seguridad y salud, entre las funciones propias del órgano técnico del Instituto, las funciones que lo complementan con los técnicos habilitados en cuanto al control y la función, también de asesoramiento de control, y, por supuesto de sanción en el caso los inspectores de trabajo, da como resultado que cada territorio en materia de seguridad y salud está informado, asesorado e investigado o sancionado. Es lo que creo que hay que tejer y ordenar para hacer un buen encaje en cada una de las comunidades autónomas.

Decía antes, que el Consejo Rector estaba formado por cada uno de los miembros de cada autonomía y va a ser en el Consejo Rector donde se elaboren criterios que van a dar pie a la ordenación de este cuerpo: cuántos, en qué comunidades… Me parece va ser un debate ordenado. Cada uno defenderá sus intereses y lo que no puede ser es que haya una desproporción, si se me permite, desproporcionar una labor fundamental que hacen los órganos técnicos de formación, información, control, que habrá que ordenarlos con el nuevo cuerpo en aquellas comunidades donde se empiezan a poner en marcha. Habrá que ordenarlo, encajarlo y para ello estamos todos en el Consejo Rector.

Amalio Sánchez Grande

El sistema de relaciones laborales que tenemos en España, parte de cuando un trabajador entra a trabajar en una empresa, automáticamente se le aplica todo el bloque de normas de derecho laboral: normas laborales, de empleo, de Seguridad Social, empleo de extranjeros, etc. todas en un bloque.

Mar Alarcón Castellanos

Y de seguridad y salud

Amalio Sánchez Grande

Y prevención de riesgos, correcto. ¿Qué ocurre con la Inspección de Trabajo? La Inspección de Trabajo es una institución centenaria, y a partir de la Ley de Accidentes de 1900 se le han ido atribuyendo la competencia de vigilancia y control sobre casa una de estas materias. Por lo tanto, la Inspección de Trabajo, como sistema, vigila y controla el cumplimiento de toda la normativa laboral, prevención de riesgos, seguridad social, empleo, etc., conjuntamente. En la empresa, cuando se incorpora un trabajador, se inicia la relación laboral, y por ello se aplican todas las normas laborales, de empleo, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social, etc. Por lo tanto, tenemos un conjunto de normas sociales, que para la empresa y los trabajadores se aplican por el simple hecho de incorporarse al trabajo y sobre ellas actúa un único sistema de inspección.

A partir de la Constitución Española, se produce un nuevo reparto de competencias en el ámbito social y, manteniendo, como decía Mar hace un momento, una única legislación laboral en toda España, la ejecución de la legislación laboral que incluye la normativa sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y una parte de la de empleo, se atribuye a las comunidades autónomas, y el resto de la legislación social, las normas de la seguridad social, algunas de empleo y las de extranjería, se mantienen dentro del ámbito de la competencia de la Administración General del Estado (AGE).

Con lo cual, tenemos que sobre el conjunto de normas que se aplican por la incorporación de un trabajador a la empresa, y que afecta a los trabajadores de manera uniforme, hay un único sistema de inspección que se encarga de su vigilancia, sin embargo, hay dos administraciones competentes diferentes, según el tipo de norma, las diecisiete Comunidades Autónomas, por una parte, y la AGE por otra.

Siempre me gusta poner en estos temas el ejemplo del accidente de trabajo. Cuando ocurre un accidente de trabajo, acude un Inspector de Trabajo a la empresa y lo primero que investiga son las circunstancias concurrentes en el mismo y si existe infracción de prevención de riesgos laborales. Si se aprecia infracción, levanta un acta de infracción y la competencia es autonómica. De esa misma infracción de prevención de riesgos se puede inducir la posible existencia de un recargo de prestaciones, íntimamente relacionado con la infracción de prevención, pero cuya competencia no es de la Administración Autonómica que resuelve la infracción, sino que del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Además, puede revisar el tipo de contratación de ese trabajador, si es regular o irregular y fraudulenta, de competencia autonómica, también puede verificar si ese contrato tiene una subvención de la Comunidad Autónoma o alguna bonificación de la Seguridad Social (AGE), en caso de que el accidentado sea un trabajador extranjero, si no tiene permiso de trabajo, competencia de la Administración General del Estado. Se suele revisar si el salario que percibe el trabajador se ajusta al convenio colectivo aplicable, cuestión laboral, competencia de la Comunidad Autónoma y si se cotiza correctamente, que podría dar estar relacionado con una posible deficiencia de cotización que generaría un Acta de Liquidación y la competencia para esa materia es de la AGE y con la repercusión que tiene en las prestaciones derivadas del accidente.

Con este ejemplo podemos ver que tenemos una realidad que afecta directamente a la empresa y al trabajador y una inspección única, sobre todas las consecuencias derivadas del accidente, pero las actuaciones derivadas de la actuación inspectora, aún muy interrelacionadas entre sí, se atribuyen indistintamente a la Comunidad Autónoma o a la Administración General del Estado según su ámbito de competencias. Tenemos un sistema de inspección que actúa sobre todas las materias y cada Administración queremos que el área de nuestra competencia esté eficientemente vigilada. Con esto se deduce que la relación que puede haber entre las dos administraciones sobre el funcionamiento de inspección es una relación problemática.

La inspección hasta ahora está formada por dos cuerpos, el cuerpo de los inspectores y los subinspectores. Los inspectores podrían ver todo este ámbito de competencias que he descrito, y los subinspectores de Empleo y Seguridad Social se dedicaban fundamentalmente a temas de Seguridad Social y Empleo, con lo cual había un desequilibrio cuando se hacía la programación de actuaciones de la inspección en las comisiones territoriales pues siempre había un mayor peso de las que dependían de la AGE, porque numéricamente eran más los funcionarios que se dedicaban a ellas y tenían menor peso las referidas a las competencias de las comunidades autónomas.

En toda esta realidad tan compleja, ¿la nueva ley que modifica? Según mi punto de vista, intenta, y hay que dar valorar la iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de buscar soluciones que faciliten estas relaciones que de por sí son difíciles.

Una de las novedades que incorpora la nueva Ley es la distribución de competencias entre los cuerpos que integran el sistema. El Cuerpo Superior de Inspectores sigue teniendo todas las competencias y al Cuerpo de Subinspectores se le atribuyen dos competencias importantes que antes no tenía atribuidas, como son: el control del trabajo de menores (antes si un subinspector se encontraba un menor trabajando no tenía competencia para sancionar) y en materia de contratación laboral (antes sus competencias se circunscribían al ámbito de la economía irregular y seguridad social). Si se lee la propia exposición de motivos de la Ley se da relevancia a esta cuestión porque el control de las modalidades de contratación, es un tema con gran demanda social. Por tanto, el que este colectivo de subinspectores pueda vigilar ahora un tema de materia autonómica significa que se va a potenciar al contar con más efectivos y poder realizar más actuaciones en esta materia de competencia autonómica.

Con respecto a la nueva escala de seguridad y salud laboral del Cuerpo de Subinspectores, no estoy tan reticente como Leopoldo, porque vamos a tener un colectivo de subinspectores que se van a dedicar exclusivamente a esta materia de competencia autonómica con lo que se refuerza este área. La competencia que tiene el colectivo es muy concreta: comprobar condiciones materiales de trabajo, no pueden investigar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, no tienen facultades de vigilar la gestión de la prevención en la empresa, etc. y además, se producirá la desaparición de unas situaciones que, a mi modo de ver, me parecían injustas, las situación del técnico habilitado, ya que éstos podían formular exclusivamente requerimientos y, si por ejemplo, a una obra iba un inspector sancionaba y si va un técnico habilitado no tenía competencia, sancionadora y sólo requería. Ahora, el subinspector que vaya a esa obra puede sancionar e incluso paralizarla.

En cuanto al nuevo sistema de organización, me parece que también se ha hecho un esfuerzo importante. En el Consejo Rector están representadas la AGE y todas las Comunidades Autónomas mismo nivel, es paritario, es un órgano de 34 representantes, 17 por cada parte, y todos los temas importantes del sistema que son los que dan problemas, como el número de inspectores y subinspectores, la formación, se abordarán en él. La configuración y competencias del Consejo Rector suponen un avance importante que va a facilitar una gestión equilibrada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe de servir para vertebrar en todo el Estado el control y vigilancia de la normativa laboral. Esperemos a que el desarrollo reglamentario concrete de forma consensuada algunos aspectos que todavía no están resueltos en la Ley.

Leopoldo Navarro Quílez

Solamente un matiz, cuando yo hablo del nuevo cuerpo, la única inquietud que tenemos es que se produzca una descapitalización de nuestros recursos humanos. Los técnicos habilitados, donde las comunidades autónomas hemos invertido en su formación, nos genera dudas que, tal y como se ha planteado en algún foro, esta escala pueda ser transferida

Mar Alarcón Castellanos

Está previsto. La disposición adicional 5ª, punto 5. En la ley lo que se dice es que   los servicios de los convenios de colaboración se llevarán a cabo de acuerdo con la respectiva oferta de empleo y lo que establezcan los convenios de colaboración, respetando los criterios técnicos que se hayan decidido en el Consejo Rector. Es decir, no irán en contra de la propia Comunidad.

Leopoldo Navarro Quílez

Es simplemente una duda que se genera, seguramente en otra coyuntura no se generarían pero en una coyuntura, no sé en el resto de comunidades autónomas, en la que estamos en total contención de recursos humanos, es lógico pensar si se va aprovechar para hacer un trasvase y quedarnos sin los técnicos habilitados en la Comunidad que no solo hacen funciones de técnicos habilitados, sino otras   muchas más funciones que no va a asumir esa escala de subinspectores. Las funciones de asesoramiento, divulgación… Cuando hacemos programas de divulgación básica en los colegios, por ejemplo, si nos quitan ese personal, a quien mandamos a los colegios para hacer esa función.

Amalio Sánchez Grande

También, el Anteproyecto de Ley inició su andadura con cierta, con el Instituto Nacional de Salud e Higiene del Trabajo que estaba previsto se integrase en el organismo de la Inspección de Trabajo, cuestión que se dejó definitivamente de la Ley. Con respecto a los organismos técnicos de las Comunidades Autónomas, no entiendo que deba haber ningún problema derivado de la aplicación de la Ley., pues en la propia Nueva Ley de Inspección y, así mismo, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se siguen manteniendo las competencias de asesoramiento y el apoyo técnico de los órganos de las Comunidades Autónomas, y las competencias fe la nueva escala del cuerpo de subinspectores, se centra esencialmente en la vigilancia de las condiciones materiales.

Mar Alarcón Castellanos

En la comunidad de Madrid sí que tenemos técnicos habilitados y, prácticamente, casi todas las actuaciones del técnico habilitado se archivan por cumplimiento. Con independencia de que hay que imbricar y no se pueden duplicar, habrá que hacer una política ordenada de la ejecución en materia de seguridad y salud, Está claro que las funciones de los órganos técnicos van mucho más allá de las que pueda asumir un subinspector de seguridad y salud, de manera que yo no estaría intranquila.

Amalio Sánchez Grande

En cuanto a la coordinación de los distintos agentes que desde un punto de vista administrativo, las autoridades que intervienen en la prevención son, fundamentalmente las siguientes: laborales, sanitarias, industriales, educativas (en relación con los programas de implantación de la cultura preventiva en el ámbito escolar). Hay veces que surgen dificultades con esas autoridades. Por ejemplo, con la autoridad industrial, mi experiencia, tanto cuando estaba en la dirección de la Inspección como ahora en el Instituto, no ha sido problemática. Las comunicaciones o alarmas que se comunican a la autoridad industrial, como las que nos llegan de ella, sobre todo en la investigación de accidentes, se tramitan y se intentan resolver. El problema se complica cuando se supera el ámbito de la autoridad industrial de la comunidad autónoma, y afecta al Ministerio de Industria, la Unión Europea u otros países que están implicados en materias de máquinas o equipos de trabajo que, aunque tienen marcado CEE no reúnen algún requisito de seguridad.

Con la autoridad sanitaria han surgido, con carácter general, algunas divergencias de interpretación, sobre todo en la acreditación de los servicios de prevención, en ciertos aspectos donde el propio Reglamento no es lo suficientemente claro. Hay una propuesta de modificación después de la interpretación que hizo la propia Dirección General de Empleo. Creo que si se aclara normativamente se facilitaría loa interpretación y luego que cada autoridad sanitaria establezca en su propio territorio sus criterios. Ha habido algunas reclamaciones de los servicios de prevención ajeno en Castilla y León,   Asturias y Andalucía sobre temas sanitarios que ha habido que recurrir al Tribunal de la Competencia. También, en este ámbito de acreditación de los servicios de prevención y por la misma causa ha habido discrepancias interpretativas entre las distintas Comunidades Autónomas que espero que se resuelvan con la modificación normativa prevista.

En lo que se refiere a los Institutos u órganos equivalentes, en los últimos años hay una buena relación, pero se puede mejorar. Un ejemplo puede ser, los laboratorios, creo que ahí podríamos hacer un esfuerzo en ordenar un sistema con el Instituto Nacional para mantener los laboratorios públicos como referencia, pero no mantener todos los laboratorios ya que carece de sentido pues hay servicios de prevención y oferta privadas suficientes.

Otro tema importante son las buenas prácticas y programas eficaces que se desarrollan por distintos Institutos, podemos hacer un esfuerzo en mejorar los sistemas de información para conocer las buenas prácticas que se desarrollan en otras comunidades para implantarlas en el resto. Hay cosas que estamos haciendo unos y otros y no nos enteramos. Es igualmente interesante desarrollar programas conjuntamente, por ejemplo, el que hemos realizado entre el País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria sobre condiciones de seguridad y vigilancia de la salud en el sector de la pesca del Cantábrico. Lo hemos publicado en tres partes, actualmente estamos refundiendo para crear un solo documento y traducirlo al inglés, que se nos lo ha solicitado. Una cosa más, por último, y es que el Instituto Nacional quería fuese ese punto de encuentro para coordinarnos.

Mar Alarcón Castellanos

Efectivamente, las administraciones, las que sean, la autonómica, local y la Administración central, han de estar coordinadas, porque es una exigencia legal aparte de ser de sentido común. En la Comunidad de Madrid tenemos distintos ámbitos dónde vamos coordinándonos, es decir, no solamente nos llevamos bien y hablamos, sino que tenemos grupos de trabajo en cada uno de los aspectos exactamente como los que citaba Amalio: industria: sigue habiendo máquinas que aun teniendo marcado C y que estén adecuadas, a pesar de todo, presentan deficiencias en la seguridad y salud y eso ha ocasionado daños. Desde el año 2007 tenemos una comisión debemos cada uno de esos asuntos Y desde ahí, se sigue el camino que se considere oportuno. La Comisión Regional de Accidentes Mayores otra en la que también participamos. En el área de sanidad tenemos también un grupo de trabajo y coordinación no sólo en el ámbito de la medicina del trabajo, vigilancia de la salud o los servicios de prevención, tenemos también programas de sensibilización de los médicos de atención primaria en relación a las enfermedades profesionales. Les damos formación, intercambiamos información y hacemos documentos divulgativos además de dar los cursos. Hemos ordenado el área donde se dirigen las comunicaciones de sospecha de enfermedades profesionales y desde ahí se despliegan todas las actuaciones oportunas. En el ámbito del Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, que depende Instituto Regional, son clave los aspectos de industria que están relacionados con nuestra materia como los aspectos sanitarios, por eso participan también en ese observatorio, y de hecho, estamos trabajando en el ámbito de sanidad en un grupo que creo que va a dar muy buenos resultados en el que se intenta estudiar aquellas actuaciones que no están protocolizadas en el ámbito de los servicios de prevención ajenos, que no tienen un protocolo del Ministerio de Sanidad como tal en la sospecha, vigilancia y control de esas enfermedades profesionales donde no hay protocolo del Ministerio está trabajando en un grupo de trabajo en el que el ministerio está trabajando con CC.OO., UGT, CEIM y profesionales.. En cuanto a educación, tenemos un grupo de trabajo donde se estudia, analiza y valoran las actuaciones que hacemos en todos los ámbitos educativos, desde educación infantil hasta la universitaria ya que cada uno de los ámbitos educativos requiere actuaciones en materia de seguridad y salud para que se implante el germen de la actitud preventiva y además para que en cada uno de los ámbitos se presente la importancia de la seguridad y salud como cada grupo de niños y jóvenes la entiendan. Una parte primaria otra parte secundaria, bachillerato y la Universidad. La semana pasada tuvimos la entrega de los premios de los proyectos de integración de los proyectos fin de carrera con la prevención después de haber realizado trabajos durante 10 años programas con la Universidad politécnica en la que damos cursos de formación a los profesores, cursos de formación a los alumnos en varia materias por ejemplo en coordinación de seguridad en varias materias como por ejemplo coordinación de seguridad y como digo ayudamos a que los alumnos puedan integrar la prevención en sus proyectos de fin de carrera y se premia aquellos que lo consiguen de una manera mejor. Lo mismo podemos decir en el resto de los ámbitos. Hemos hablado de educación, industria, no sé si me queda alguno, y dentro del ámbito de coordinación entre las comunidades autónomas hemos hecho análisis, debates, hemos llegado a acuerdos, en otros casos hemos hecho debates y no hemos llegado a acuerdos, como por ejemplo en la aplicación de la normativa de la transitoriedad en los servicios de prevención ajenos donde se ha hecho un gran trabajo muy complejo y lo que ha sido el tránsito de una manera ordenada, honesta y profesional. En los casos en los que no hemos llegado a acuerdos se debe el juego de las competencias: «yo legislo y el resto ejecutáis», da pie a que se pueda aplicar de varias maneras y cada uno elija la suya. Es verdad que intentamos ponernos de acuerdo y es verdad que tenemos que avanzar mucho, más pero, lo que no pasa en otros ámbitos, en seguridad y salud nunca ha habido ningún problema. Lo que hacemos es coordinar lo que luego cada comunidad hace lo propio porque cada uno de los grupos de trabajo en los que se basa la participación de las comunidades autónomas ya no depende de quien coordina sino de quien se ha ordenado de esa manera para que lleve los grupos de trabajo. Pero, es verdad, que siempre podemos avanzar más. Apunto lo de los laboratorios para las próximas reuniones que tengamos nosotros. Me parece fundamental que hablemos de este tipo de cosas, como los laboratorios, y de las buenas prácticas. Es verdad que hablamos mucho y participamos mucho, pero podemos ser más participativos y generosos y eso va redundar en lo que nos importa a todos, que es el objetivo común y que se resume en que los trabajadores realicen su trabajo de manera más segura y haya menos accidentes, lo hagamos mejor, que es lo que nos importa, con independencia de signos políticos y lo que cada uno haga en su comunidad.

Leopoldo Navarro Quílez

Empezando por el final, creo que sería muy osado por mi parte, porque he sido el último que he llegado las comunidades autónomas, y cuando he llegado he visto una magnífica coordinación en cuanto a los grupos de trabajo y a la relación entre las comunidades autónomas. Es verdad, que estar acompañado de Amalio y Mar, que han estado desde el principio, que llevan muchos años, que conocen muy bien la materia, sobre todo Mar que ha estado de coordinadora y que continuamente está formando grupos de trabajo y que nos avisa cuando falta documentación de las personas que van a estar en una u otra comisión… Todo es susceptible de mejorar y cada uno en su territorio tiene una visión distinta de las cosas. Tú te referías a un grupo de pesca del Cantábrico y uno lo mira con cierta envidia pensando si se puede hacer lo mismo en el Mediterráneo. Sería aplicable a otro sector, perdonad que me repita, pero el sector agrario es muy importante para nosotros. Nosotros estamos en una competencia desequilibrada porque los sistemas son diferentes con nuestra comunidad vecina que es Andalucía, que tiene un sistema especial, el PER. Por eso digo, ya nos gustaría a nosotros que existiese más coordinación entre las administraciones autonómicas, pero, en cualquier caso, creo que funciona razonablemente bien. En cuanto a la coordinación interna, estoy de acuerdo con vosotros prácticamente al cien por cien. Una perspectiva que nosotros hemos observado en Murcia y que precisamente estamos trabajando ahora en el tema de la coordinación, es establecer un protocolo, no tanto de prevención, que funciona muy bien porque cada uno tiene sus competencias, sino en cuanto al tratamiento de investigación de los accidentes de trabajo. Porque en determinados accidentes de trabajo pueden ir hasta cuatro cuerpos distintos, depende de la gravedad y de cómo haya sido el accidente. Nosotros nos planteamos la necesidad de que hubiera una coordinación desde el minuto cero, es decir, desde el momento en que se produce el accidente. Hemos encontrado ciertas debilidades en el sistema derivadas del hecho de que vayan varios cuerpos diferentes, entonces estamos trabajando en un protocolo de manera que la recogida de datos, por ejemplo, pueda llegar a ser conjunta. No es por otro motivo que el haber observado que se produce una grieta que puede ir en perjuicio del empresario, que le pedimos a la empresa o a los trabajadores cada uno de los cuerpos la misma documentación por cuatro sitios diferentes, con lo que eso conlleva, primero de imagen de descoordinación y segundo la sensación del empresario de que lo estamos agobiando y persiguiendo. Me gustaría comentar un caso concreto que ha pasado hace unos días: un accidente mortal en el que nos presentamos cuatro cuerpos diferentes, nos decía: – se acaban de llevar el cuerpo de este hombre, me estáis pidiendo cada uno la misma documentación y yo ya no puedo más, estoy muy agobiado-. A partir de ese momento, nos hemos dado cuenta de la importancia de establecer un protocolo en el que al menos la recogida de datos sea coordinada. Ver qué elementos son los que intervienen: institutos de seguridad, inspección de trabajo, industria y, dependiendo de donde haya sido el accidente, minas, sanidad, en fin… Vamos a ver si somos capaces de establecer un protocolo pensando en la otra parte, calzar los zapatos del otro, ponernos en el lado del afectado y establecer unos protocolos cada vez más ágiles. Tenemos que hacer un esfuerzo. Incluso de cara a cada una de las comunidades con Gobiernos de diferente signo. Todos los que estamos aquí, estamos en una comunidad autónoma y sabemos lo que supone un cambio de gobierno Y se puede dar el despropósito que dos o tres competencias que puedan afectar a un accidente de trabajo sigan en una misma consejería y vayan los tres por separado, lo cual ya es el máximo del desiderátum de la descoordinación. En cuanto a la educación, en este caso, Murcia está haciendo un trabajo importante desde hace mucho tiempo. Hemos empezado desde la educación primaria, donde hemos hecho una campaña que ha tenido mucho éxito, la hemos llamado «Crece en seguridad». Y hemos ido pasando por todos los ámbitos de educación hasta llegar a lo último: «Master de Prevención de Riesgos Laborales» que lo creamos nosotros en la propia Dirección General, gracias a una subvención, aportaciones y prácticas. Creo que en esta línea debemos intercambiarnos más información. El master ha sido un descubrimiento, primero, porque poner en sintonía a dos universidades no es fácil, sobre todo cuando una de las dos es la Universidad Politécnica.

Mar Alarcón Castellanos

Lo del protocolo cuando hay un accidente, o cualquier otra actuación, es fundamental y aunque nosotros lo tenemos implantado hace mucho tiempo, siempre hay que mejorarlo. Por lo que se refiere a la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, salió a la luz un poquito antes que la Estrategia europea y que la Estrategia española. La nuestra, el cuarto Plan director que se inició en 2013, no ha habido que cambiar nada en cuanto a las Estrategia española y europea, porque lo que hizo fue incorporar puntos clave en las en las áreas de seguridad y salud tan sumamente importantes y amplios que cabe cualquier otro aspecto que posteriormente se haya negociado con las demás. Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que haya Estrategia consumada en materia de seguridad salud es un modelo, como será en el vuestro. Las políticas de seguridad y salud en la Comunidad de Madrid se pactan por el Gobierno y agentes sociales, lo que nos da la garantía éxito ya que no llegamos a todos los sitios de la manera que queremos, necesitamos ayuda de los conocedores de la situación del mercado de los distintos sectores como las organizaciones sindicales o como las asociaciones empresariales más representativas, que no sólo lo han pactado con el Gobierno sino que ejecutan una buena parte del plan con mucha profesionalidad y honestidad, además de una manera cada vez más eficaz, evaluando cada una de las actuaciones que se desarrollan por los agentes sociales y nosotros para saber si hemos acertado, desviado, y para el siguiente convenio qué tenemos que incorporar o quitar. Solamente quería poner en valor el papel fundamental de todos los ámbitos, de las relaciones laborales. Yo soy laboralista, y si no hubiera agentes sociales habría que crearlos para que coadyuven en las políticas públicas. Además, estamos siendo capaces de redirigir esas políticas que también necesitan los períodos de tiempo laborales, períodos sociales o económicos. En la Comunidad de Madrid lo estamos redirigiendo y no sólo realizamos labores de asesoramiento que nos corresponden como autoridad laboral, como información o formación (tenemos un servicio de intermediación de riesgos psicosociales que, creo que no tiene otra comunidad autónoma), además, estamos intentando también que empresarios y trabajadores vean los frutos de ese consenso en sus empresas ayudándolas a que mejoren las condiciones materiales de trabajo. Por supuesto que para mejorar esas condiciones de seguridad y salud también estamos viendo otros ámbitos.

Leopoldo Navarro Quílez

En cuanto a las estrategias, también nos ha pasado lo mismo. Cómo se anunciaban las Estrategia europea y española y no acababa de salir, pues en el marco de la Estrategia Regional de Creación de Empleo se estableció la necesidad de crear una estrategia regional de seguridad y salud laboral. La iniciativa nace y se pone en marcha en el seno de una comisión que se acababa de crear, que era una comisión paritaria, además del Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud, que al igual que en Madrid están representados los agentes sociales y las administraciones, en donde se establece una estrategia nada extensa si no que se habla de 75 medidas concretas qué hay que poner en marcha. Se articulan en campos de acción prioritarios: las empresas y sectores con más alto índice de siniestralidad, una especial de incidencia con la pequeña y mediana empresa, otra línea de trabajo con los riesgos derivados de sustancias cancerígenas (hay varios pueblos con industria química), la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, la seguridad vial, ya que cada vez el riesgo de accidentes in itinere va creciendo (curiosamente la DGT dice que los accidentes disminuyen mientras que los in itinere van aumentando, por lo que hay un desfase que no acabamos de entender el por qué y estamos trabajando en ello), también los riesgos psicosociales a los que tú hacías referencia, y, por último, un riesgo, importantísimo que estamos empezando a sufrir como son los riesgos derivados de que la población está cada vez más envejecida y si, además, a eso unimos que vamos a un horizonte que alarga la edad de jubilación, pues se presenta un escenario nuevo en el que nosotros en esta estrategia creíamos importante. En cuanto a las acciones, coincido con las que decía Mar, donde tenemos más competencia es el asesoramiento, información, formación y divulgación.

Amalio Sánchez Grande

La estrategia es un buen instrumento para ordenar y planificar las políticas preventivas y hay que tenerlo como tal. Que se hagan en cascada, también me parece un acierto. Que tengamos primero el ámbito europeo, después el nacional y finalmente el autonómico permite que partiendo de unos temas comunes se adapten y concreten en nuestro ámbito que se conoce mejor. Leopodo, hablabas, del sector agrícola, en Cantabria no tenemos agricultura, tenemos pesca. Por tanto, hay que adecuarlo a tu ámbito, que conoces perfectamente, esas líneas generales.

Otro tema del que hablábamos antes, es necesario una mayor coordinación con la autoridad sanitaria para abordar todo el asunto de sospecha de enfermedades profesionales, en este caso, debemos aprovechar que la estrategia española recoge este problema para concretar las medidas a adoptar en nuestro ámbito territorial.

Finalmente, es muy importante que en prevención se haga una estrategia pactada y consensuada con las organizaciones empresariales porque tendría un valor añadido muy importante. Con este acuerdo y consenso, comienzas a trabajar con un respaldo total.